Esclavos no tan modernos

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Colombia no termina de dar un debate sobre las condiciones precarias que padecen miles de trabajadores. La crisis provocada por la pandemia los hará más vulnerables, por eso es preciso exigir cambios urgentes.

Por Sinar Alvarado

Edy Fonseca, una mujer de 51 años, cuenta que durmió 28 días en el sótano de un edificio residencial de Bogotá, sobre un colchón, con apenas lo necesario para comer. Hélber Bolívar, de 56 años, dice que pasó más de 50 días en una bodega viendo el mundo de lejos a través de una ventana estrecha. Ambos trabajaban como vigilantes privados, y sus casos de esclavitud moderna desataron un nuevo episodio de indignación masiva en las redes sociales.

Fonseca denunció que la retuvieron bajo engaño. “En cuarentena nadie podía salir”, recuerda que le dijeron. El encierro complicó su diabetes, le provocó una parálisis facial y la mandó de emergencia a una clínica. Bolívar, asomado a la ventana por donde su hija le entregaba comida, contó que sus patrones, bajo amenazas de despido, lo obligaron a permanecer en la bodega oscura.

Fonseca y Bolívar padecían condiciones típicas de trabajo forzoso, una forma de explotación que la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) define como la “que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera”. La pena, en ambos casos, implicaba perder un empleo precario. Pero esencial en un país que ahora alcanza un 19,8 por ciento de desocupación, con 5,4 millones de empleos perdidos solo en el mes de abril como efecto de la cuarentena nacional. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la pandemia provocará la pérdida de casi 17 millones de empleos en Latinoamérica.

Pero estas son solo dos nuevas víctimas, entre el aproximado de 131.000 personas que viven sometidas a trabajos forzosos en toda Colombia. Y su ruido, que ya se apagó en el debate público, ha dejado espacio para la nueva cólera de turno. Pero conviene recordar estos casos; porque urge hacer justicia al menos con los ejemplos más visibles, y hacer cambios estructurales para evitar que todos los demás sigan expuestos a la esclavitud de estos tiempos.

Diversas causas combinadas promueven en Colombia relaciones sociales que normalizan el maltrato: el clasismo, la inequidad estructural, la segregación de la violencia, la geografía intrincada que perjudica a la población rural y la incapacidad del Estado. En consecuencia, las oportunidades más básicas permanecen inaccesibles para casi todos. Y los escasos privilegiados que las consiguen suelen tolerar cualquier abuso con la esperanza de sobrevivir.

Esta opresión es un destino ineludible para millones de personas en el país. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un niño pobre nacido en Colombia podría tardar once generaciones en alcanzar el ingreso medio. Varias vidas invertidas en el esfuerzo inútil de superar la miseria. Frente a ese porvenir inviable quedan pocas opciones.

Se trata de un fenómeno global. Un estimado de 40 millones de personas en el mundo viven oprimidas bajo la esclavitud moderna. En Colombia, el promedio (2,7 víctimas por cada mil habitantes) es mayor que el de la región (1,9 por cada mil habitantes).

Las cifras del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario dicen que el 77,7 por ciento de los colombianos ocupados no supera los dos salarios mínimos. Y el 18,5 por ciento ni siquiera gana el ingreso mínimo legal (de aproximadamente 250 dólares). Si algún trabajador reclama, corre un riesgo mayor. Desde 1973 han asesinado a 3254 sindicalistas en Colombia.

La llegada al país de migrantes venezolanos sin garantías laborales y la expansión de la COVID-19 han elevado el riesgo de los más vulnerables. Una encuesta reciente reveló que un tercio de los trabajadores colombianos teme perder su puesto.

En el ensayo “La clase más ruidosa”, sobre la Colombia de principios del siglo XX, el historiador Marco Palacios describe el escenario que enfrentaban los de abajo: “La desigualdad social, la persistencia de cinturones de miseria proletaria y la contracción del ciclo económico produjeron miedos sociales, y en la clase obrera un verdadero pánico al desempleo”. Tantos años después, el problema no se corrige.

El resultado de este coctel nocivo es un Síndrome de Estocolmo laboral, donde el empleado puede incluso defender al patrón y justificar sus atropellos. “Hay que ponerse la camiseta”, dice una frase popular colombiana. Significa que es preciso sacrificarse por el equipo aún bajo los tratos más injustos. Porque frente al hambre cualquier otro apuro luce tolerable. Es una forma de sometimiento disfrazada de oportunidad, y pertenece al país antiguo y desigual que no terminamos de enterrar.

Los casos de Fonseca y Bolívar están siendo investigados por la Superintendencia de Vigilancia. Si encuentran méritos, sus antiguos empleadores pueden ser sancionados. Pero en el corto plazo la situación seguirá siendo la misma para el resto de los explotados en Colombia, especialmente los que viven lejos del país urbano, cuya desventura jamás será debatida en los medios de comunicación.

Por eso es necesario pasar de la ira virtual a cambios tangibles en la estructura que permite los abusos recurrentes. Una buena medida sería diseñar un modelo productivo más igualitario, que contribuya a cerrar nuestra brecha social. Mientras legiones de trabajadores malviven con estrecheces, el 10 por ciento de los contribuyentes más acaudalados se queda con el 51 por ciento del ingreso bruto, según cifras de 2017.

Atados por una larga historia de inequidad, nos llevará mucho tiempo implementar políticas que detengan el trabajo forzoso. Pero hay que empezar. Otro buen inicio sería el que Dejusticia, un centro de estudios de derecho y sociedad, propone a la Corte Constitucional: derogar el Estatuto Tributario colombiano, un sistema de medidas económicas extraordinarias que rige desde 1989. La demanda busca corregir “la injusticia del sistema tributario por medio de un nuevo pacto fiscal” que evite más desigualdad y pobreza tras la crisis por la pandemia.

Los remedios para esta enfermedad endémica incluyen decisiones políticas y económicas. También algunas culturales, como educar a explotadores y explotados para interrumpir el ciclo. Pero la guía primordial ya existe: la Constitución colombiana prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos “en todas sus formas”. Debemos cumplir ese mandato. Convertirlo en hechos y honrar su letra muerta.

 

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Sinar Alvarado es periodista y escribe sobre Colombia para medios internacionales.

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