San Luis: Una juez declara inconstitucional la ley de aborto

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Caso similar al de Chaco- una juez de San Luis declara inconstitucional la ley de aborto – Hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad presentado por la exsenadora Liliana Negre de Alonso.

A más de tres meses de la sanción definitiva de la ley del aborto (IVE), una presentación judicial en contra de su aplicación fue aceptada por la justicia de la provincia de San Luis.

El pedido de inconstitucionalidad fue encabezado por la ex senadora nacional de San Luis Liliana Negre de Alonso y el fallo a favor fue firmado por María Eugenia Bona, titular del juzgado laboral N° 2.

El fallo judicial establece «la plena vigencia del art. 19 del Código Civil y Comercial», que estipula que «la existencia de la persona humana comienza con la concepción», y «conforme principio iuria curia novit». Desde allí, establece «la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de los artículos 4 apartado 1, y art. 2 apartado a, b y c de la Ley 27.610».

El artículo 1 de la ley IVE señala la intención de «regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar», con el objetivo de «contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible».

Por su parte, los incisos a, b y c de la ley establecen la potestad de «decidir la interrupción del embarazo» conforme a la 27.610 , «requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud,» y «requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados».

La inconstitucionalidad e inconvencionalidad citada por la magistrada se ampara en los artículos 27 de la Convención de Viena, 1 y 4 de la Convención de los Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica), 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (CN) y el 49 y el 210 de la carta magna de la provincia de San Luis y en la jurisprudencia del artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.

Luego de haber sido rechazada en 2018 por el Senado durante la presidencia de Mauricio Macri, el actual mandatario Alberto Fernández anunció en su campaña electoral la intención de enviar al Congreso el proyecto de ley de legalización del aborto, que fue impulsado el colectivo feminista.

En diciembre de 2020, el Senado nacional le dio sanción definitiva, previa aprobación en la Cámara de Diputados. El fallo de San Luis sucede a otro similar en Chaco en enero, cuando la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti hizo lugar a una solicitud de inconstitucionalidad de la ley IVE que sostenía que la constitución provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción”.

Una juez de Chaco ordenó suspender la ley de aborto en esa provincia

En la medida cautelar, los demandantes pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la norma promulgada hace varias semanas por el presidente Alberto Fernández

La juez Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de Resistencia, hizo este jueves lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Chaco.

La cautelar presentada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Fernando Enrique Guirado, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina establecía que la ley de aborto legal “restringe, menoscaba, violenta, limita y altera la existencia del derecho a la vida del niño por nacer”.

La decisión de la magistrada fue calificada como «antidemocrática» por representantes de organizaciones feministas.

La ley 27.610 de acceso a la IVE entró en vigencia en todo el país. Ese día, el Gobierno recordó que la norma establece que «los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina prepaga» deben incorporar «la cobertura integral y gratuita de esta práctica».

Presentan en Mar del Plata un pedido para declarar inconstitucional la ley del aborto

Lo hizo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alberto Assef. Además, solicitó medidas cautelares para que el gobierno bonaerense se abstenga de ejecutar o permitir cualquier protocolo, reglamento o disposición referida a la interrupción voluntaria del embarazo.

El diputado nacional por la Provincia e Buenos Aires, Alberto Assef, presentó ante la Justicia de Mar del Plata un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley del aborto, aprobada a fines de 2020 por el Congreso Nacional.

Con el patrocinio del abogado Eduardo Bonoris, el legislador inició una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo Nacional por la ley 27.610, sancionada y promulgada bajo el nombre de “interrupción voluntaria del embarazo”.

Desde UNIR, el espacio político que encabeza Assef, explicaron que esta acción declarativa persigue se declare la inconstitucionalidad de la norma “en razón que ha sido dictada en abierta oposición a lo establecido por la Constitución Nacional, y los Acuerdos Pactos y declaraciones incorporadas a la Carta Magna en la reforma constitucional de 1994, que establece de manera categórica que la vida comienza desde la concepción en el claustro materno”. El legislador, como consecuencia de esas incorporaciones, dictó el reciente Código Civil y Comercial de la Nación estableciendo en su artículo 19: comienzo de la existencia. “La existencia de la persona humana comienza con la concepción también de manera explícita sin lugar a ninguna duda. El único camino para lograr la ley es a través de una reforma constitucional, en la cual se derogue el acuerdo que determinó el principio antes comentado”, mencionaron.

Además de la acción en sí misma, el diputado Assef solicitó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata que se dicten medidas cautelares en favor de que se le comunique al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, “que deberá abstenerse de ejecutar, o permitir cualquier protocolo, reglamento o disposición referida a la interrupción voluntaria del embarazo, como medida para proteger al primer derecho humano que es el de la protección de la vida”.

 

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