Proyectos mineros en Salamina. El territorio en riesgo

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Hechos y Noticias para cumplir con su consigna de informar sin apasionamiento y con total objetividad no toma partido frente a discusiones o planteamientos de sus colaboradores y dado que no tenemos preparación técnica o profesional en este tema nos permitimos publicar los temas de los entendidos en el caso y publicamos algunos documentos para que el usuario los estudie, analice y saque sus propias conclusiones.

Hechos y Noticias

Vladimir Ilich Ulianov

Como si no fuera suficiente con el avasallante cultivo de aguacate que viene afectando de forma preocupante el territorio, además de un leonino proyecto hidroeléctrico a expensas de las comunidades rurales de la cuencas de los ríos Pozo y Chamberí, ahora resulta que la Agencia Nacional de Minería (ANM) tiene 16 propuestas de contrato de concesión minera en el municipio de Salamina, las cuales –silenciosamente hasta hoy- fueron evaluadas por el Grupo de Contratación Minera de dicha agencia y determinaron que cumplen con los requisitos legales contemplados en el Código de Minas y cuentan además con un acta de concertación suscrita con el municipio, lo que legalmente hace viable adelantar una “audiencia y participación de terceros” que no es más que el formalismo de contarle a la comunidad de Salamina en qué consiste el proyecto, quiénes lo solicitan, cómo se realiza y a quienes se lo van a entregar.
 
Son tres las empresas proponentes: Nacional de Minerales y Metales SAS, Sociedad Exploraciones Northern Colombia SAS y Minerales Córdoba SAS; todas con interés en la exploración y explotación de oro, plata, platino, paladio, rutenio, rodio y osmio, en los municipios del norte de Caldas.
 
Para dar un debate informado y ecuánime sobre este asunto, apartados de apasionamientos y animadversiones políticas y electoreras, todos los salamineños debemos tener claro que nuestra Constitución en su artículo 322 reza que “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes” lo cual significa que el subsuelo (donde está el oro, la plata y el platino que pretenden extraer) no es propiedad de los municipios ni de sus habitantes; es decir que ni alcaldes, ni gobernadores, ni autoridades regionales ambientales deciden sobre el uso del subsuelo.
 
El otorgamiento de un título minero por parte de la ANM tiene una serie de procedimientos, requisitos y evaluaciones para asegurar que quienes lo soliciten cuenten con el respaldo legal, la capacidad económica, además de la responsabilidad ambiental y laboral para adelantar la exploración y eventual explotación. Posteriormente el Estado, a través de la ANM como administradora del recurso no renovable se acerca a las autoridades municipales, presentan las solicitudes que consideran viables, se convoca a los Concejos Municipales y a la autoridad ambiental (Corpocaldas) e informan los detalles de la solicitud del título, quiénes lo solicitan y explican el ciclo minero. 
 
La exploración del territorio permite ver si en realidad hay una riqueza mineral. Se recolectan pruebas con métodos no invasivos (así lo afirman) para encontrar qué hay, cómo lo hay y en qué condiciones lo hay, y el hecho que la riqueza mineral exista no significa que se pueda explotar. Todo este proceso puede tardar hasta 11 años. Si es posible su extracción, si resulta rentable, se realiza el montaje, se solicitan las licencias ambientales y se consolida el proyecto minero.
 
Para bien o para mal, todo lo anterior es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y en la más reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema (11 de octubre de 2018) reivindica la autonomía del Estado sobre el subsuelo y en esencia dice que quien define sobre éste es la ley y no las consultas populares porque lo que allí se encuentra no es ni de los municipios ni de sus habitantes. De manera que convocar a consultas populares no tiene ningún efecto jurídico, es decir, que somos simples convidados de piedra en un asunto en el que el Estado decide a su conveniencia y viabilidad; el problema es que los colombianos confiamos cada vez menos en el Estado y en quienes lo administran.
 
Aun así, llama la atención que el día 8 de junio de 2021, la Gerente de Contratación de La Agencia Nacional de Minería y el alcalde Ospina Rosas concertaron unas áreas susceptibles de vocación minera, según consta en la hoja número 3 del Auto GCM N°00064 del 15 de junio de 2021 (al finalizar este artículo se encuentran todos los documentos sobre este caso ). Ignoro los detalles y los procedimientos, pero creo que el alcalde Ospina debe dar una explicación al respecto, para por lo menos reconocer que fue engañado como ya lo han dicho los alcaldes de La Merced y Aranzazu.
 
Algunas preguntas surgen entonces:
 
Estas solicitudes de concesión minera no son recientes, tienen fechas de 2014 y 2017; ¿es posible que aunque los alcaldes no tomen decisiones sobre el uso del subsuelo, no estén enterados? ¿La ANM no informa a los alcaldes y a Corpocaldas sobre esa solicitudes de estudios y lo que se pretende? ¿pueden hoy los alcaldes de aquellos años contarnos qué sabían al respecto? Mismos interrogantes se los formulo a los concejales de la época.
 
Sigamos adelante en el tiempo: Si como consta en la página 3 del Auto GCM N°00064 del 15 de junio de 2021, el alcalde Ospina Rosas y la Gerente de Contratación de la ANM concertaron unas áreas susceptibles de vocación minera, ¿nos puede informar él bajo qué circunstancias, con qué criterio y cuáles son esas “áreas susceptibles de vocación minera” en el municipio de Salamina? Además ¿Quién en el actual Concejo Municipal conoce del asunto, máxime cuando la mayoría de concejales representan los intereses de comunidades rurales de nuestro municipio que se podrían ver potencialmente afectadas por estos proyectos mineros?
 
Mientras tanto se siguen surtiendo procesos que lo que hacen es dar mayor sustentabilidad y legalidad a sus pretensiones y utilizan a las comunidades y a las autoridades locales como instrumento para ello, como simples “firmones”. La ANM ha convocado a una “audiencia y participación de terceros” para el próximo viernes 23 de julio y quienes queramos participar debemos inscribirnos con anterioridad; esto quiere decir que no todos los que asistamos a la reunión podemos participar ni preguntar; es una soterrada forma de evadir preguntas, de esquivar los cuestionamientos y de no aceptar las críticas y las razonables preocupaciones que un proyecto de estas dimensiones pueda generar en al comunidad; menos gente, menos ruido. No puede ser posible que un debate de trascendental importancia para el futuro de los territorios no se pueda dar libremente y se lleve a cabo en un momento en el que por la pandemia no pueden haber conglomerados de más de 50 personas, es decir, que no se está garantizando una participación ciudadana efectiva. La ANM va con toda, este gobierno va con toda, vienen con afán, tienen preparadas este tipo de audiencias durante la próxima semana en Aranzazu, Salamina, Pácora, Riosucio, Supía, Marmato, La Merced, Filadelfia, Samaná y Norcasia, por sólo mencionar los proyectos pretendidos en Caldas. 
 
Por lo pronto los alcaldes y los personeros de estos municipios están solicitando la suspensión de estas audiencias y en últimas horas el alcalde de La Merced, Jhonatan Vásquez, convocó a sus pares de los mencionados municipios para que con la Secretaria de Desarrollo del Departamento, Paula Toro, se fije una posición frente al Gobierno Nacional. Hasta el momento de escribir estas líneas no hay conclusiones, comunicados ni respuestas a esas solicitudes y reuniones.
 
Formulo finalmente una inquietud: Los proyectos mineros se deben llevar a cabo donde está permitido, lo que la misma ANM denomina “Área libre”. Salamina como Bien de Interés Cultural y los demás municipios incluidos en esta avanzada minera hacen parte del denominado Paisaje Cultural Cafetero, protegido por la UNESCO y el Ministerio de Cultura, tanto en sus conglomerados urbanos como en los territorios rurales que es donde más se exhibe la cultura cafetera; es precisamente allí donde se pretende otorgar títulos mineros; ¿son entonces Salamina y los territorios de los demás municipios “áreas libres” para la ANM? De entrada, hay un conflicto entre el Estado representado por la ANM, la UNESCO y el mismo Estado representado por el Ministerio de Cultura. ¿Cómo se surte este debate?
 
Tengo la sensación que la promoción de Salamina como destino turístico, cultural, ambiental y arquitectónico se nos ha salido de las manos y ha traído como consecuencia también cosas negativas: un turismo a veces desbordado, irrespetuoso e irreflexivo; una burbuja económica que infló el costo de vida y la adquisición de bienes y servicios; nos puso en el foco de multinacionales aguacateras, empresas mineras y todo eso que llaman “el desarrollo” Bien vale la pena reflexionar al respecto; definamos nuestro nicho de desarrollo, no podemos promocionarnos para todo, no podemos ser protagonistas de todo, no podemos tenerlo todo… “el que mucho abarca, poco aprieta”
 
Ya que tan solo decidimos sobre el suelo que pisamos -los municipios ordenan el suelo y el Estado administra el subsuelo- no queda más que estar atentos, vigilantes, activos e informados. Si bien, parece que no tenemos arte ni parte en la toma de decisiones sobre la explotación minera, bien vale la pena organizarnos y participativos, disponernos a conocer, estudiar y exponer sobre nuestras áreas protegidas y nuestras reservas forestales. 
 
Cabe resaltar que actualmente Caldas cuenta con 17 Áreas Naturales Protegidas, 2 de carácter nacional y 15 de carácter regional en las que se destaca la presencia de ecosistemas y riqueza hídrica, entre ellas la Reserva Forestal Protectora El Diamante (640 hectáreas) localizada en el municipio de Aranzazu y donde nace el río Chamberí y el Área Protegida de El Gigante donde están las microcuencas de Chagualito y Boquerón las cuáles son de estricta conservación en las 729 hectáreas y 13 predios que comprende con alturas entre los 2117 y los 2800 m.s.n.m. y que ya se están viendo amenazadas por las voraces multinacionales del aguacate Hass.
 
Señor Alcalde en sus manos colocamos la preocupación de una comunidad por el futuro del territorio, por el agua y por la tierra; que su paso por la alcaldía no vaya a dejar el legado de un Río Chamberí seco como consecuencia de una hidroeléctrica, un monocromático verde aguacate que erosiona montañas y agota el recurso hídrico, y retroexcavadoras rasgando la tierra en busca de oro, plata y platino en el corazón de nuestra ruralidad. A propósito, cuál es la posición de los congresistas de la región… solo silencio… ¿cómplice?
 
Esta ventana de opinión fija su posición: No rotundo al otorgamiento de títulos mineros para para exploración y explotación en Salamina y en el Norte de Caldas. Es un riesgo para nuestra cultura y nuestra forma de vida. Todos unidos contra esta avanzada del Estado por el territorio. Sociedad civil, autoridades locales y regionales, opinión pública: esta será una discusión de largo aliento.

Abajo se encuentran todos los documentos que pudimos encontrar sobre este tema lo mismo que el formulario de Inscripción a la audiencia pública citada por Agencia Nacional Minera para el viernes 23 de JUlio de 2021 en el Ceres

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