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El Gobierno salió a ratificar que no dará más planes sociales

Hechos y Noticias

Crece la tensión con el kirchnerismo. El ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta dice que tiene el pleno acompañamiento del presidente Alberto Fernández para sostener su decisión de no otorgar “más altas de planes sociales”.

Por Hechos & Noticias

El ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta dice que tiene el pleno acompañamiento del presidente Alberto Fernández para sostener su decisión de no otorgar “más altas de planes sociales”.

Zabaleta, un funcionario enfrentado al kirchnerismo y que mantiene una relación oscilante con el Movimiento Evita, será en los próximos días el vocero oficial de la posición que la Casa Rosada buscará sostener frente a la amenaza latente de los piqueteros más intransigentes que piden más planes, pero que también huelen la cerrazón de un gobierno que se desangra políticamente.

El Evita, con Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro a la cabeza, juega en ese tablero un papel relevante. Es más: desde ese espacio dicen que fueron ellos los que pidieron que no se liberen más planes. “Es una puerta que, si no, no se cierra más”, abundaron.

Enfrentado cada día más enérgicamente con la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner, la organización social, que ocupa puestos relevantes en el Gobierno, avala la decisión oficial de no dar más planes sociales: en la actualidad hay unos 1.200.000 planes Potenciar Trabajo que Mauricio Macri había duplicado durante su gestión y que Fernández hizo lo propio cuando asumió, en el 2019.

Sin embargo, Pérsico y Navarro redoblan la insistencia para “institucionalizar” a los trabajadores de la Economía Popular, la batalla final del Movimiento Evita.

El Gobierno ratifica que no dará más planes sociales

En la Casa Rosada persiste la idea de que detrás del multitudinario acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social realizado por las organizaciones del frente “Unidad Piquetera”, como el Polo Obrero, el CUBA-MTR, Bloque Piquetero Nacional, Barrios de Pie/Libres del Sur y el MST Teresa Vive, hay “cuestiones políticas”.

Así lo consideró el secretario de Economía del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y uno de los que maneja la relación con los movimientos sociales. En el Ejecutivo hay quienes creen que la negativa a entregar más planes sociales y la delicada situación política del oficialismo motivaron a las agrupaciones a marcar la cancha y “tomar la calle”.

“Se abrieron canales de diálogo informales mientras estaban cortando, pero se plantaron en la suba de planes y eso no va a ocurrir”, indicaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta, embarcado en la tarea de reemplazar “planes por trabajo” que encomendó Alberto Fernández.

El acampe en la 9 de Julio planteó un nuevo desafío para el Gobierno y su política sobre los planes sociales

En su lista de reclamos, las agrupaciones pidieron nuevas altas para el Plan Potenciar Trabajo, el cual equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil y actualmente lo cobran 1,2 millones de personas. El Gobierno se negó a ese pedido y, pese a la negociación en la que logró acordar otros puntos, no pudo desactivar la protesta.

¿Cómo negoció el Gobierno para desactivar el acampe?

Zabaleta había recibido a referentes de Unidad Piquetera dos días antes del acampe, que ya había sido votado a principio de marzo por las agrupaciones. Allí se acordó un aumento de la asistencia alimentaria y la entrega de máquinas y herramientas para las “unidades productivas que tienen estos grupos sociales”, pero la discusión siguió.

Las agrupaciones le reclamaron al Ministerio de Desarrollo Social restablecer el Plan Potenciar Trabajo para quienes arrojaron piedras contra el Congreso durante el debate por el acuerdo con el FMI y dar nuevas altas. Ambos puntos fueron rechazados.

Según una de las fuentes consultadas por iProfesional, en ese contexto “se les ofreció que se sumen con cooperativas de construcción a la urbanización de barrios populares, pero decidieron mantener la protesta”.

Por esa razón, en el área creen que hubo una motivación política detrás de la protesta que mantuvo interrumpido el tránsito en el microcentro porteño durante poco más de dos días y que cortó varios accesos a la Ciudad de Buenos Aires. No encuentran otra explicación dado que, desde su perspectiva, hubo puntos de acuerdo en la negociación que deberían haber desactivado la movida.

Cerca de Alberto Fernández piensan cómo contener las protestas de agrupaciones alejadas del Gobierno.

En ese contexto, quedó latente en el Gobierno la preocupación por el manejo de la calle en medio del proceso para empezar a cortar con la entrega de planes y, además, de la interna del Frente de Todos. Y es que el aumento de la conflictividad social es el pronóstico del sector kirchnerista que motiva sus críticas al manejo de la economía y al acuerdo con el FMI.

“Institucionalizar” la economía informal, entre las alternativas

Una de las ideas que circulan para encarar esta situación es “institucionalizar” la economía popular o informal, como forma de contención para el sector más golpeado por la crisis económica. Según supo este medio, en el Gobierno evalúan la creación de un organismo vinculado exclusivamente a ese segmento, similar a una secretaría o un ministerio.

El Presidente dio pistas al respecto durante los últimos días. En una de las entrevistas que concedió la semana pasada, habló de la necesidad de “recuperar la cultura del trabajo” y subrayó que “la mayoría (de quienes reciben planes) trabaja, pero en la informalidad”. A ese sector, dijo, “hay que darle un marco regulatorio para desarrollarse con un mínimo de seguridad”.

Poco después, durante su participación en el Consejo Económico y Social que se reunió el último miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK), reforzó la idea al plantear que “hay una economía que se mueve al margen de la economía formal” y que involucra a “millones de personas”, a la cual hay que “darle un marco regulatorio distinto, para incorporarlos”.

Se evalúa darle un marco regulatorio a la economía informal.

El pasado viernes, Pérsico también se refirió a esa posibilidad, aunque sin confirmar la creación o no de un nuevo ente. Según el líder del Movimiento Evita, el Presidente “está entusiasmado con la economía popular” y “es muy probable que avance en un institucionalización de esa economía popular”.

Una de las versiones que circuló en las últimas horas fue que, si se concreta ese plan, Pérsico tendría un rol central en la nueva área. Esto podría tener como efecto colateral una mayor tensión en el frente oficialista, debido a que la vicepresidenta Cristina Kirchner y su círculo más cercano ven con malos ojos al Movimiento Evita desde hace varios años.

La desconfianza empezó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando La Cámpora cuestionaba por lo bajo la relación de esa agrupación liderada por Pérsico con la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y creció en los últimos días porque en el kirchnerismo hay quienes sospechan que el Evita estuvo detrás de las pedradas al Congreso que afectaron principalmente al despacho de la vicepresidenta.

Alberto Fernández, urgido de poner un límite a la interna feroz con Cristina Kirchner

Ninguno de los protagonistas lo va a admitir en público, pero lo reconocen en las charlas privadas: el mes de abril marca una frontera para la dura pulseada interna que llevan a cabo Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El Presidente tomó algunos recaudos para ganar la pelea, pero sabe que todo dependerá, en definitiva, de los resultados de las próximas semanas.

El Presidente decidió sostener a los ministros apuntados por el kirchnerismo: Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni reciben ácidas críticas a diario de parte del entorno de la vicepresidenta.

Al ministro de Economía le encomendó bajar el perfil, a tal punto que Guzmán se saca fotos con su equipo después de una licitación de bonos en pesos, para demostrar que se ha refugiado en un tema frío, que nada tiene que ver con las principales demandas de CFK; básicamente, la suba irrefrenable de los precios de los alimentos y el ajuste reclamado por el FMI.

El titular del Palacio de Hacienda tiene bajo su mando la complicada y central misión de instrumentar el plan económico acordado con el Fondo Monetario. Ni más ni menos.

Lo dijo Gerry Rice, portavoz del organismo, antes del fin de semana: “Lo que más importa ahora es la implementación”. “En ese sentido, estamos, parafraseando a Winston Churchill, estamos al final del comienzo de este proceso. Y ahora, todo se trata de la implementación”, completó Rice.

Alberto y el kirchnerismo, en tensa disputa por ministerios clave

Kulfas, por el contrario, dio un paso adelante: presentó una propuesta en la que su equipo viene trabajando hace tiempo. El Plan Argentina Productiva 2030 apuesta a duplicar las exportaciones para ese año en base a distintos rubros, pero centrado en la energía y la minería.

Es difícil imaginar al país para el largo plazo cuando todo parece focalizarse en lo que sucederá en las próximas semanas. La lectura política es que Fernández busca darle centralidad a Kulfas, con quien CFK mantiene un encono particular desde hace años por las críticas que el ministro le hizo al último gobierno de la actual vice en un libro.

La relación de Fernández con Moroni es histórica, de la época en que ambos eran militantes de la Universidad de Buenos Aires. El kirchnerismo lo critica por su negativa a operar con las empresas privadas para que otorguen un bono a los trabajadores.

Tregua y margen de de maniobra acotado por el FMI

El Gobierno dio un paso para mantener la tregua con el ala dura del kirchnerismo: ya está decidido el otorgamiento de un bono para jubilados de la mínima.

Más margen no hay, razonan desde el Palacio de Hacienda. El acuerdo con el FMI pone límites estrictos al objetivo fiscal. Podría haber desvíos, claro, por el descalabro de los precios internacionales de la energía. Pero no mucho más.

Alberto Fernández quiere demostrarle a Cristina que el acuerdo con el Fondo servirá, que es al revés de como piensa ella.

Pero para arrancar esa discusión, el Presidente necesita que la inflación muestre algún nivel de relajamiento. Y lo que ha venido pasando en las últimas semanas -por cuestiones exógenas y por errores internos- es todo lo contrario.

El anuncio de una “guerra contra la inflación” no hizo más que exacerbar los aumentos de los precios, en especial de los alimentos, tal como viene reflejando iProfesional.

La apuesta ahora es a una nueva convocatoria a la mesa de diálogo con empresarios y sindicalistas. Se trata de una herramienta valiosa, pero en la cual desconfían los propios protagonistas: la Casa Rosada repitió ese llamamiento cada vez que se sintió en una crisis. La experiencia fue fallida sin excepción. ¿Por qué sería diferente ahora?

¿Llega el alivio para los precios (y la crisis política)?

La buena noticia del fin de semana vino del lado de la consultora LCG, que mide la evolución en los precios de una canasta de alimentos. Según la consultora que maneja el economista Guido Lorenzo marcó una estabilidad en las últimas jornadas. ¿La calma que precede a una nueva tormenta?

En las últimas cuatro semanas, la suba de los alimentos marcó un 7,7% promedio, lo que deja un inaceptable recorte en el poder adquisitivo de los consumidores.

Las empresas líderes comenzarán esta semana con nuevas listas de precios. La magnitud dependerá de la evolución de los mercados de las materias primas a nivel internacional. Pero también de la expectativa local.

El Presidente piensa que es clave mostrar cierta quietud en los precios, y por eso mismo también se abrieron canales de diálogo con las empresas más grandes de la alimentación, con quienes habrá que cerrar una tensa negociación por la extensión del programa de Precios Cuidados, que vence esta misma semana.

Para llegar a los acuerdos buscados será condición que el mercado cambiario se mantenga en una zona sin olas. Una condición que en la Argentina siempre luce complicada, aun cuando se acaba de firmar el acuerdo con el Fondo.

En medio de la tempestad política, ¿se mantendrá la paz cambiaria?

En la Argentina ganada por la desconfianza, la falta de expectativas positivas sobre el futuro y en un contexto difícil por la elevada inflación, la “paz cambiaria” puede interpretarse más como una tregua que como un escenario de largo plazo.

El economista Martín Rapetti es uno de los más respetados entre sus colegas y desde su consultora “Equilibra” dedicó su último informe a clientes a evaluar la situación en el mercado cambiario.

¿Cuánto más durará la pax cambiaria?, se pregunta el economista en su último informe para clientes. El economista identifica tres razones para pensar en que el escenario actual, de tranquilidad, y estabilidad de la brecha se va a mantener durante algún tiempo adicional:

Las cotizaciones se dispararon en enero por dos factores que ya se revirtieron: los pesos sobrantes por la caída estacional de la demanda de dinero que se canalizaron hacia los mercados financieros, y la incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI.

No habría un excedente de pesos en el mercado.

Quedan por pagar pocos vencimientos de deuda “offshore” en pesos. Al respecto, la estimación es que restan unos u$s2.000 millones: bonos en pesos que en su momento adquirieron fondos de inversión internacionales, como Pimco y Templeton. “Las tenencias de deuda soberana de Pimco y Templeton suman u$s1.360 millones al tipo de cambio financiero actual, de los cuales sólo u$s 315 millones vencen este año, muy por debajo de los u$s700 millones de TX22 que ya cobraron en marzo”, afirma el reporte de Equilibra.

Como sea, la paz cambiaria es la condición necesaria para que el Gobierno logre una desaceleración inflacionaria que le dé oxígeno de corto plazo.

Si no lo logra, si los precios se siguen moviendo violentamente como en estas primeras semanas del año, entonces Alberto F. se verá obligado a realizar cambios profundos. La historia, sin dudas, continuará.

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